El proyecto contra el racismo indica en su artículo más polémico que si un medio de comunicación publica ideas discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento.La inclusión de esta disposición rompió el consenso que había caracterizado al largo proceso de redacción de la ley contra el racismo, la primera de su tipo en un país de mayoría indígena en el que las diferencias sociales y raciales fueron seriamente puestas en cuestión desde que Evo Morales llegó al poder en el 2006.
Es decir, postular cualquier tipo de límites a la actividad mediática, aun cuando se trata de derechos colectivos y superiores, es tratado como censura por parte del poder de ese sector particular.
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