por Ben Dangl
A medida que más sectores sociales pasan a engrosar las filas del movimiento contra la exportación del gas de Bolivia a EEUU, se intensifican los bloqueos de carreteras, protestas y huelgas. La diversidad geográfica y cultural de los grupos que lo conforman hace difícil coordinar sus esfuerzos y demandas. Además, el gobierno, paralizado, compromete su propia continuidad al rehusar negociar con la mayoría de estos desorganizados pero persistentes ciudadanos.
El lunes veintinueve de septiembre, la Central Obrera de Bolivia (COB) organizó una huelga general en protesta por la exportación del gas del país. Los dirigentes del COB también pedían la renuncia de Sánchez de Lozada. A pesar de las grandes protestas y huelgas que tuvieron lugar en la Paz, y en menor grado en otras ciudades, las demandas de los diversos sectores difieren tanto como sus métodos de protesta. Algunos se manifestaban por mejoras salariales, otros hacían huelgas de hambre hasta que liberaran a los líderes políticos locales, algunos bloqueaban las carreteras en protesta por las leyes de erradicación de la coca, mientras que otros protestaban contra el ALCA.
Pero por encima del alboroto de este variado y caótico movimiento social, un canto estaba omnipresente: "EL GAS NO SE VENDE" ( en español en el original). El gobierno dice que exportar gas resolverá los problemas económicos.
Históricamente, Bolivia ha sido un país rico en recursos naturales como el oro, el estaño y el carbón, todos los cuales eran exportados fuera del país por compañías extranjeras, las cuales hacían grandes fortunas mientras Bolivia no progresaba. En la actual guerra del gas, muchos bolivianos se quieren asegurar de que la historia no se repita.
No obstante, muchas compañías energéticas norteamericanas están presionando a Bolivia a través de acuerdos comerciales sobre el gas. Más aún, el propio gobierno boliviano está más ansioso que los inversores de EEUU para que estos tratos se firmen; lo ven como la solución a todos los problemas económicos del país, a pesar de que el acuerdo establece que sólo un 18% de los beneficios futuros de la exportación retornarán a Bolivia. Por ahora el asunto del gas, en lugar de crear soluciones, sólo ha creado más conflictos.
Los procedimientos políticos antidemocráticos hacen necesaria la acción directa.
Hablando sobre la intranquilidad social que divide a Bolivia, el presidente Sánchez de Lozada dijo a los reporteros "estos problemas y dificultades son fruto de lo que yo considero un grupo muy radical de la sociedad boliviana, que cree que puede gobernar desde las calles y no desde el Congreso y las instituciones." (BBC, 1/10/03)
Pero el Gobierno de Bolivia no deja otra elección a la gente, a la que le es imposible articular sus intereses dentro del sistema. Los partidos políticos tradicionales en el Gobierno están más preocupados por conservar su propio poder que por representar la visión de la oposición y los ciudadanos del país. Por ejemplo, en un reciente encuentro sobre los cargos públicos del Congreso, los miembros de los partidos tradicionales luchaban por puestos clave en la Casa de Gobierno mientras que a los partidos de la oposición como el Movimiento al Socialismo (MAS) y el MIP, les hicieron esperar en el Congreso durante más de doce horas, sin poder tomar parte en la reunión. Aunque la inquietud social se incrementa cada día, los legisladores han malgastado meses disputándose el control de sus partidos sobre los cargos públicos, como el de Defensor del Pueblo. Los sectores más críticos, como los cocaleros y los campesinos, así como los partidos políticos que los representan, han destacado que si la anterior Defensor del Pueblo, Ana María Romero de Campero, no vuelve a ser reelegida, las movilizaciones crecerán exponencialmente.
Esos procedimientos tan poco democráticos han empujado a la enojada población a la acción directa. El Gobierno se muestra incapaz y poco dispuesto a solucionar este descontento social, favoreciendo que el ejército y la policía ejerzan un abuso de poder que terminó provocando seis muertos en Warisata el veinte de septiembre.
Pero tras los violentos sucesos de Warisata, los encontronazos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes urbanos o la gente que bloquea las carreteras no han provocado más muertes. Ha habido numerosas detenciones, maltrato a los manifestantes y algunos heridos. No obstante, un "rescate" exitoso de 192 personas que estaban atrapadas en una carretera bloqueada tuvo lugar recientemente en la ciudad de Luquisani. La oficina del Defensor del Pueblo, representantes de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia participaron en el rescate, con una limitada colaboración de las fuerzas navales de Bolivia. (¡Por fin una misión productiva para esta inútil institución en un país sin mar!). El gobierno ha intentado llevarse el mérito por esta resolución pacífica, pero las divisiones entre los grupos opositores en la guerra del gas continúan creciendo.
Se acentúan las divisiones en la guerra del gas
El conflicto de Warisata ha atrincherado en sus posiciones a los campesinos y a los miembros del gobierno, haciendo que la comunicación entre ambos grupos sea casi imposible. El líder campesino Felipe Quispe aseguró que no dialogaría con el gobierno hasta que los militares se retiraran de las áreas bloqueadas. El Gobierno rehúsa negociar con Quispe ya que no lo considera un representante válido del movimiento campesino, aunque es el responsable de la campaña de bloqueos más intensa de todo el país.
Mientras tanto, los cocaleros de la región de Yungas empezaron a bloquear las carreteras el dos de octubre. Representantes de los cultivadores de coca de la región de Chapare, incluyendo a Evo Morales, avisaron de que los bloqueos también podían empezar allí hacia el seis de octubre. Por ahora, este grupo y el MAS han centrado sus esfuerzos en las elecciones actuales, demandando la reelección de Ana María Romero de Campero, la Defensor del Pueblo anterior. Los cocaleros de Chapare también protestan por la persecución de sus líderes, como las recientes acusaciones de terrorismo a la concejala del MAS, Juana Quispe
Durante las manifestaciones de La Paz del veintinueve de septiembre, Jorge Alvarado, representante del MAS, dijo "el gas debe utilizarse para que progrese la nación, para que se beneficien los bolivianos, y no vendido en favor de otros países. Es hora de que el gobierno actual escuche a la gran mayoría de la población, se despierte de su letargo y se dé cuenta de que el gas se debe usar para desarrollar el país." (El Diario, 10/1/03). No obstante, los sectores que apoyan la exportación aseguran que, incluso si el gas se quedara en Bolivia, no hay suficiente dinero en el país para industrializarlo, y la única manera de aprovechar este recurso natural es exportarlo ahora.
Una historia de protestas populares
En las guerras del agua del 2000 y las revueltas contra el impuesto de la renta propuesto en febrero de 2003, se ha visto cómo las protestas de base se han impuesto sobre las políticas impopulares en Bolivia. Los grupos opositores de Cochamba echaron a los inversores privados que habían privatizado el agua de la región; y en febrero de 2003, durante una serie de disturbios y protestas a lo largo del país, el público boliviano rechazó un impuesto sobre la renta que proponía el Gobierno bajo la recomendación del Fondo Monetario Internacional.
La pregunta importante ahora en Bolivia es, ¿tendrá también éxito el movimiento contra la exportación de gas de Bolivia? La Defensora Provisional del Pueblo alertó de que "si los partidos en conflicto no empiezan a dialogar, la situación puede ponerse fuera de control en cualquier momento" (La Prensa, 10/3/03)
Mientras tanto, bajo toda esa estridente actividad en la superficie, las mayores reservas de gas natural de Latinoamérica descansan en las entrañas de Bolivia, esperando.
Benjamin Dangl trabaja para la Andean Information Network (red de información andina) en Cochabamba, Boliva. Se le puede localizar en: theupsidedownworld@yahoo.com Para recibir información actualizada de la red de información andina contactar: paz@albatros.cnb.net
A medida que más sectores sociales pasan a engrosar las filas del movimiento contra la exportación del gas de Bolivia a EEUU, se intensifican los bloqueos de carreteras, protestas y huelgas. La diversidad geográfica y cultural de los grupos que lo conforman hace difícil coordinar sus esfuerzos y demandas. Además, el gobierno, paralizado, compromete su propia continuidad al rehusar negociar con la mayoría de estos desorganizados pero persistentes ciudadanos.
El lunes veintinueve de septiembre, la Central Obrera de Bolivia (COB) organizó una huelga general en protesta por la exportación del gas del país. Los dirigentes del COB también pedían la renuncia de Sánchez de Lozada. A pesar de las grandes protestas y huelgas que tuvieron lugar en la Paz, y en menor grado en otras ciudades, las demandas de los diversos sectores difieren tanto como sus métodos de protesta. Algunos se manifestaban por mejoras salariales, otros hacían huelgas de hambre hasta que liberaran a los líderes políticos locales, algunos bloqueaban las carreteras en protesta por las leyes de erradicación de la coca, mientras que otros protestaban contra el ALCA.
Pero por encima del alboroto de este variado y caótico movimiento social, un canto estaba omnipresente: "EL GAS NO SE VENDE" ( en español en el original). El gobierno dice que exportar gas resolverá los problemas económicos.
Históricamente, Bolivia ha sido un país rico en recursos naturales como el oro, el estaño y el carbón, todos los cuales eran exportados fuera del país por compañías extranjeras, las cuales hacían grandes fortunas mientras Bolivia no progresaba. En la actual guerra del gas, muchos bolivianos se quieren asegurar de que la historia no se repita.
No obstante, muchas compañías energéticas norteamericanas están presionando a Bolivia a través de acuerdos comerciales sobre el gas. Más aún, el propio gobierno boliviano está más ansioso que los inversores de EEUU para que estos tratos se firmen; lo ven como la solución a todos los problemas económicos del país, a pesar de que el acuerdo establece que sólo un 18% de los beneficios futuros de la exportación retornarán a Bolivia. Por ahora el asunto del gas, en lugar de crear soluciones, sólo ha creado más conflictos.
Los procedimientos políticos antidemocráticos hacen necesaria la acción directa.
Hablando sobre la intranquilidad social que divide a Bolivia, el presidente Sánchez de Lozada dijo a los reporteros "estos problemas y dificultades son fruto de lo que yo considero un grupo muy radical de la sociedad boliviana, que cree que puede gobernar desde las calles y no desde el Congreso y las instituciones." (BBC, 1/10/03)
Pero el Gobierno de Bolivia no deja otra elección a la gente, a la que le es imposible articular sus intereses dentro del sistema. Los partidos políticos tradicionales en el Gobierno están más preocupados por conservar su propio poder que por representar la visión de la oposición y los ciudadanos del país. Por ejemplo, en un reciente encuentro sobre los cargos públicos del Congreso, los miembros de los partidos tradicionales luchaban por puestos clave en la Casa de Gobierno mientras que a los partidos de la oposición como el Movimiento al Socialismo (MAS) y el MIP, les hicieron esperar en el Congreso durante más de doce horas, sin poder tomar parte en la reunión. Aunque la inquietud social se incrementa cada día, los legisladores han malgastado meses disputándose el control de sus partidos sobre los cargos públicos, como el de Defensor del Pueblo. Los sectores más críticos, como los cocaleros y los campesinos, así como los partidos políticos que los representan, han destacado que si la anterior Defensor del Pueblo, Ana María Romero de Campero, no vuelve a ser reelegida, las movilizaciones crecerán exponencialmente.
Esos procedimientos tan poco democráticos han empujado a la enojada población a la acción directa. El Gobierno se muestra incapaz y poco dispuesto a solucionar este descontento social, favoreciendo que el ejército y la policía ejerzan un abuso de poder que terminó provocando seis muertos en Warisata el veinte de septiembre.
Pero tras los violentos sucesos de Warisata, los encontronazos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes urbanos o la gente que bloquea las carreteras no han provocado más muertes. Ha habido numerosas detenciones, maltrato a los manifestantes y algunos heridos. No obstante, un "rescate" exitoso de 192 personas que estaban atrapadas en una carretera bloqueada tuvo lugar recientemente en la ciudad de Luquisani. La oficina del Defensor del Pueblo, representantes de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia participaron en el rescate, con una limitada colaboración de las fuerzas navales de Bolivia. (¡Por fin una misión productiva para esta inútil institución en un país sin mar!). El gobierno ha intentado llevarse el mérito por esta resolución pacífica, pero las divisiones entre los grupos opositores en la guerra del gas continúan creciendo.
Se acentúan las divisiones en la guerra del gas
El conflicto de Warisata ha atrincherado en sus posiciones a los campesinos y a los miembros del gobierno, haciendo que la comunicación entre ambos grupos sea casi imposible. El líder campesino Felipe Quispe aseguró que no dialogaría con el gobierno hasta que los militares se retiraran de las áreas bloqueadas. El Gobierno rehúsa negociar con Quispe ya que no lo considera un representante válido del movimiento campesino, aunque es el responsable de la campaña de bloqueos más intensa de todo el país.
Mientras tanto, los cocaleros de la región de Yungas empezaron a bloquear las carreteras el dos de octubre. Representantes de los cultivadores de coca de la región de Chapare, incluyendo a Evo Morales, avisaron de que los bloqueos también podían empezar allí hacia el seis de octubre. Por ahora, este grupo y el MAS han centrado sus esfuerzos en las elecciones actuales, demandando la reelección de Ana María Romero de Campero, la Defensor del Pueblo anterior. Los cocaleros de Chapare también protestan por la persecución de sus líderes, como las recientes acusaciones de terrorismo a la concejala del MAS, Juana Quispe
Durante las manifestaciones de La Paz del veintinueve de septiembre, Jorge Alvarado, representante del MAS, dijo "el gas debe utilizarse para que progrese la nación, para que se beneficien los bolivianos, y no vendido en favor de otros países. Es hora de que el gobierno actual escuche a la gran mayoría de la población, se despierte de su letargo y se dé cuenta de que el gas se debe usar para desarrollar el país." (El Diario, 10/1/03). No obstante, los sectores que apoyan la exportación aseguran que, incluso si el gas se quedara en Bolivia, no hay suficiente dinero en el país para industrializarlo, y la única manera de aprovechar este recurso natural es exportarlo ahora.
Una historia de protestas populares
En las guerras del agua del 2000 y las revueltas contra el impuesto de la renta propuesto en febrero de 2003, se ha visto cómo las protestas de base se han impuesto sobre las políticas impopulares en Bolivia. Los grupos opositores de Cochamba echaron a los inversores privados que habían privatizado el agua de la región; y en febrero de 2003, durante una serie de disturbios y protestas a lo largo del país, el público boliviano rechazó un impuesto sobre la renta que proponía el Gobierno bajo la recomendación del Fondo Monetario Internacional.
La pregunta importante ahora en Bolivia es, ¿tendrá también éxito el movimiento contra la exportación de gas de Bolivia? La Defensora Provisional del Pueblo alertó de que "si los partidos en conflicto no empiezan a dialogar, la situación puede ponerse fuera de control en cualquier momento" (La Prensa, 10/3/03)
Mientras tanto, bajo toda esa estridente actividad en la superficie, las mayores reservas de gas natural de Latinoamérica descansan en las entrañas de Bolivia, esperando.
Benjamin Dangl trabaja para la Andean Information Network (red de información andina) en Cochabamba, Boliva. Se le puede localizar en: theupsidedownworld@yahoo.com Para recibir información actualizada de la red de información andina contactar: paz@albatros.cnb.net
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