Uno nuevo hecho en Bolivia vuelve a llenarnos de preocupación. El Senado aprobó el viernes 9 de septiembre una ley que incorpora al Código Penal los delitos de terrorismo y separatismo, y fija para ellos sanciones de treinta años de cárcel. Lo preocupante es que este tema sea debatido y sancionado precisamente cuando se desarrolla una marcha indígena. Nuestra preocupación es: ¿se inició la criminalización de la protesta en Bolivia?
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