Por Susan Spronk
Cansados de las altas tarifas de conexión y demandando la ampliación del servicio, miles de ciudadanos se lanzaron a las calles a principios de este año presionando al gobierno para que devuelva la gestión del agua al control público. En 1997, se privatizó el abastecimiento de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades vecinas de El Alto y La Paz, cuando el gobierno otorgó la concesión a un consorcio privado, Aguas del Illimani, controlado por el gigante del agua francés, Suez. Las poblaciones de El Alto y La Paz nunca fueron consultadas sobre la privatización del agua. De hecho, el gobierno negoció el contrato en secreto y los ciudadanos se enteraron de que el agua se había privatizado cuando recibieron en sus casas los recibos del agua con un nombre diferente. Aunque se anunció como un contrato “orientado a los pobres” que prometía conexiones nuevas, el contrato ha dejado entre 160.000 y 200.000 personas en El Alto sin suministro de agua. Después de ocho años de promesas incumplidas sobre expansión de los servicios, los ciudadanos de El Alto dijeron basta y organizaron una huelga general de tres días pidiendo que Aguas del Illimani se marche. Su demanda tuvo éxito y el 11 de enero el gobierno prometió rescindir el contrato.
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